SAN PEDRO DE MACORIS. El conocimiento de la medida de coerción contra el suspendido síndico de La Romana Juan Antonio Adames Bautista (Tony) y otros implicados en un desfalco contra el cabildo de esa provincia, se realiza desde las 11 de la mañana, y a las 5 Y 50 de esta tarde aún no había concluido.

La audiencia se efectúa en la sala de la Corte de Apelación Penal, ubicada en la segunda planta del Palacio de Justicia local.

La audiencia es presidida por la juez Miguelina Mendoza, Juez de la Cámara Penal del tribunal de alzada.

El Ministerio Público está representado por los doctores Benito Angel Nieves, Joel López Gómez e Isidro Fabián, quienes han sostenido que éstos son culpables de un desfalco por unos 40 millones de pesos contra el cabildo de La Romana.

El suspendido alcalde y los demás, son acusados por la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), prevaricación, falsedad de escrituras y asociación de malhechores.

Junto al suspendido síndico están en el conocimiento de la medida de coerción los ex tesoreros Remigio Pilier y Rafael Rocha, al igual que Francisco Severino, ex encargado de Compras.




La barra de la defensa está integrada por los doctores Soraya Bautista, Frank Martínez, y Pedro Botello.

La audiencia es efectuada a puertas cerradas y no se permitió el ingreso a los medios de comunicación, a los cuales solo se les permitió hacer imágenes.

Sin embargo, luego se permitió a los medios entrar a la audiencia en un receso que se hizo donde se pudo hablar con los acusados.

HABLA TONY ADAMES.

Tony se declaró inocente y dice que se trata de un plan de sectores del PLD para despojarlo de la sindicatura, ya que no perdonan que éste le haya ganado la plaza.

Dijo que sus abogados demostrarán su inocencia, lo que fue corroborado por los juristas, quienes sostienen que éste no ha cometido ningún desfalco.

Adames Bautista fueron llevados antes del mediodía de este sábado al Palacio de Justicia local en medio de estrictas medidas de seguridad y con una fuerte vigilancia.

En principio familiares de los acusados confrontaron dificultades para entrar al Palacio de Justicia local.

Las puertas del palacio judicial permanecían cerradas y sus calles adyacentes fueron bloqueadas por unidades policiales.

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