domingo, 04 de septiembre de 2016
Proyecto de Ley
Amet será eliminada para dar paso a otra institución
Vigilancia. Los agentes de la Amet operan principalmente en la zona metropolitana de Santo Domingo donde controlan el tánsito urbano.
Amet será eliminada para dar paso a otra institución
Santo Domingo
La Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET) será eliminada cuando entre en vigor la nueva Ley de Movilidad, Transporte Terrestre y Tránsito en la República Dominicana, con la cual el presidente Danilo Medina pretende implementar un reordenamiento del tránsito en el país.
El proyecto es del diputado Tobías Crespo, y está incluido entre las ocho iniciativas declaradas de prioridad por el Poder Ejecutivo, propone que lo que hoy es Amet pase a ser la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, con nuevas atribuciones y alcance nacional.
Crespo reintrodujo esta semana el proyecto en el Congreso Nacional, con la seguridad de que será aprobado, ya que, según dijo, “cuenta con el apoyo de todos los sectores involucrados”.
“En el proyecto de ley de reforma a la Policía se dejó la Amet como metropolitana y con ese nombre, entonces nosotros estamos modificando el literal y el artículo que habla de la Amet, como policía de tránsito”, dijo el autor del proyecto. Además, agregó, se le están agregando atribuciones y roles que la Amet nunca ha tenido.
Desde que se creó ese organismo nunca ha tenido las atribuciones de cuerpo armado. Nació con un decreto, luego se puso una en Santiago, luego se le quitaron las atribuciones de la policía por otro decreto, y luego con una ley y dos párrafos se llevó otra vez a la Policía Nacional, agregó el legislador peledeista.
“Pero no ha habido una definición de los roles de este cuerpo armado, civil, técnico y especializado para cumplir con su función”, aseguró.
Recordó que ese organismo tiene tres funciones principales, que son viabilizar, fiscalizar y denunciar las violaciones a la ley.
En la nueva ley además se reforzarán todos los roles y atribuciones que tienen los ayuntamientos, con respecto a dirigir, organizar y planificar el tránsito en sus municipios.
Las medidas que están en el programa de gobierno de Medina en esta área, necesitan de la aprobación de este proyecto, insistió Crespo.
El presidente de la Comisión Permanente de Obras Públicas y Seguridad Vial dijo que el proyecto por más de cinco años ha sido consensuado con los distintos sectores e instituciones privadas y oficiales. Recordó que fue declarado de alto interés nacional por el Congreso Nacional, luego de hacer vistas públicas y escuchar a todos los interesados.
Dijo estar confiado de que será aprobado por sus compañeros diputados, enviado al Senado, donde también reciba el visto bueno y luego ser promulgado por el presidente Danilo Medina.
“Sin la aprobación de este proyecto de ley, muchas iniciativas importantes sobre la modernización del transporte, la movilidad y la seguridad vial, no van a poder darse”, proclamó.
Y es que la República Dominicana no tiene una ley de transporte, agregó. Explicó que lo que existe en la actualidad es la Ley 241, que contiene normas de conducción, documentos oficiales, y sanciones.
“Lo que significa que con este marco jurídico nosotros tendríamos la seguridad jurídica para que el Estado pueda aportar a la solución de un problema que ha agravado y se ha convertido en un verdadero caos”, destacó. Prometió que será un marco de ley moderno que permitirá el desarrollo del país.
Recordó que la República Dominicana está perdiendo una gran cantidad de recursos económicos por los accidentes de tránsitos.
Dijo que además esto representa un gran problema social, emocional y sicológico.
Los inicios de la AMET
La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) fue creada el diez (10) de septiembre del año mil novecientos noventa y siete (1997), mediante el decreto presidencial No. 393-97. La Amet inicialmente fue creada como un organismo dependiente de la Presidencia de la República, y luego pasó a ser transferida a la Policía Nacional, mediante Ley Institucional de la Policía Nacional, No. 96-04, de 28 de enero de 2004. En sus inicio el personal provino de distintas insituciones e incluso civiles, pero fueron pasado a la Policía con derecho a pensión.
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