miércoles, 06 de junio de 2018
Proceso
Procuraduría encamina caso Odebrecht a fase de pruebas
El plazo para que el ministerio público deposite la acusación vence el 9 de este mes.
Pasos. Cuando el ministerio público presente la acusación, el juez deberá determinar si las pruebas tienen méritos suficientes para dictar apertura a juicio de fondo.
Wanda Méndez
Santo Domingo
Con la acusación o acto conclusivo que presentará la Procuraduría, entra en su fase preliminar el proceso seguido a los implicados en el soborno por 92 millones de dólares que admitió haber pagado la constructora Odebrecht en el país. En la ocasión, el juez deberá determinar si las pruebas presentadas por el ministerio público tienen o no méritos suficientes para dictar apertura a juicio de fondo, en el que luego se deberá establecer su culpabilidad o absolución.
En caso de que sean incluidas en el expediente otras personas, como podría ocurrir, porque la Procuraduría lo ha anunciado en reiteradas oportunidades, en la misma acusación podría solicitar medida de coerción o prescindir de ellas, pues la legislación prevé que se conozca un proceso con el acusado en plena libertad, cuando la promesa del imputado a presentarse al proceso sea suficiente para descartar el peligro de fuga.
El Código Procesal Penal contempla que el juez dispone auto de apertura a juicio cuando considera que la acusación tiene fundamentos suficientes para justificar la probabilidad de una condena.
El plazo para que el ministerio público deposite la acusación vence el 9 de junio del 2018, luego que en febrero pasado, el juez especial de la instrucción le otorgó una prorroga de cuatro meses para concluir la investigación y presentar sus conclusiones o acto conclusivo.
Esos cuatro meses se sumaron a otros 8 que anteriormente le había otorgado el juez para que concluya el procedimiento preparatorio, en base a lo dispuesto por el Código Procesal Penal para los casos complejos, como fue declarado el de Odebrechet.
Junto a la acusación, el ministerio público tiene que remitir al juez los elementos de pruebas que le sirven de sustento. Además de los datos de los imputados, la acusación debe contener, la relación precisa y circunstanciada del hecho y su fundamentación, con la descripción de los elementos de prueba que la motivan, la calificación jurídica y el ofrecimiento de la prueba que pretende presentar en juicio, entre ellos la lista de testigos y de peritos.
Una vez presentada la acusación, el procedimiento a seguir es que el secretario del tribunal la notifica a las partes, y además informa al ministerio público que ponga a disposición de los acusados las pruebas que reunió en la investigación, los cuales disponen de un plazo de cinco días para examinarlas, a fin de que puedan ejercer su derecho de defensa.
Audiencia oral y pública
Conforme a la norma procesal penal, en ese mismo acto se convoca a las partes a una audiencia oral y pública, la cual debe realizarse dentro de un plazo no menor de 10 días, ni mayor de 20. El abogado especialista en derecho penal, Cándido Simón, observó que aunque el Código Penal contempla un plazo breve para el conocimiento de la audiencia preliminar, en la práctica no se cumple y suele extenderse en ocasiones por varios meses. “Está previsto para que se conozca en una sola y única audiencia, y si se suspende que sea por una causa de fuerza mayor”, señaló Simón.
Acto frente a la Suprema
El movimiento cívico Marcha Verde seleccionó ayer el espacio donde se instalará luego de escogida la fecha de la primera audiencia para el juicio de fondo del caso Odebrecht, y convocó a la población a sumarse a una jornada frente a la Suprema Corte de Justicia.
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INVESTIGACIONES, ACUSADOS Y DELITOS
En el expediente por el soborno que admitió pagar Odebrecht en la República Dominicana, la Procuraduría acusó a 14 personas, entre funcionarios y exfuncionarios, legisladores y exlegisladores, los cuales se encuentran con medidas de coerción de garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.
En la solicitud de medida de coerción, la procuraduría los acusó de incurrir en los delitos de proscripción de la corrupción, lavado de activos, soborno en el comercio, asociación de malhechores, coalición de funcionarios y prevaricación, falsedad en declaración de bienes. La ley contempla penas por esos delitos que van desde dos meses hasta 10 años de prisión.
Hasta ahora están involucrados el empresario Ángel Rondón, a quien se le atribuye otorgar el soborno; Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga Arzeno, Temístocles Montás, Andrés Bautista, el exdiputado Ruddy González, César Sánchez, Máximo De Oleo Ramírez, Radhamés Segura, Roberto Rodríguez, Bernardo Antonio Castellanos, y los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín, del PLD, y el diputado Alfredo Pacheco, del PRM. Los arrestos iniciaron el 29 de mayo del 2017. El 8 de junio de ese mismo año, el juez de instrucción Francisco Ortega Polanco le impuso prisión preventiva como medida de coerción a 13 imputados
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