Cuando las cosas salen mal, quienes están en el poder prometen remediarlo. ¿Lo hacen realmente? Este texto es el primero de una nueva serie en la que The New York Times vuelve al escenario de grandes noticias para verificar si las promesas fueron cumplidas.
Después de que el gobierno de Colombia firmó un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) que puso fin a décadas de guerra y agitación, ambas partes dijeron que era el inicio de una nueva era.
Pero ya han pasado dos años y medio desde que los combatientes decidieron entregar las armas y muchas de las promesas hechas por el gobierno no se están cumpliendo, lo que parece alejar cada vez más la perspectiva de una paz real y duradera.
Esto es lo que ha sucedido hasta ahora:
• Al menos 3000 milicianos han regresado a la lucha armada, un hecho que constituye una gran amenaza para las bases del acuerdo.
• De los millones de colombianos que vivían en territorios controlados por los rebeldes, muchos todavía esperan la llegada de carreteras, escuelas y electricidad. La promesa del gobierno de apoyar al desarrollo rural fue una de las grandes motivaciones para que la guerrilla se desarmara.
• Desde que se firmó el acuerdo de paz, al menos 500 activistas y líderes comunitarios han sido asesinados y más de 210.000 personas han sido desplazadas de sus hogares debido a la violencia. Eso afecta uno de los principales objetivos del acuerdo: brindarles seguridad y estabilidad a los ciudadanos.
• El nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, un político conservador que asumió el cargo en agosto, ha expresado su escepticismo sobre los acuerdos y desea cambiar uno de los compromisos que fue fundamental para que los rebeldes decidieran entregar las armas.
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El camino hacia la paz
Las cinco décadas de guerra civil en Colombia provocaron la muerte de al menos 220.000 personas y devastaron grandes sectores del campo colombiano. En las zonas controladas por los rebeldes, muchos servicios gubernamentales desaparecieron y la infraestructura colapsó. Muchas personas recurrieron a la economía de las drogas para sobrevivir.
Ambas partes fueron acusadas de atrocidades (secuestros, violaciones, torturas y ejecuciones sumarias) que generaron profundas enemistades en todo el país, tanto dentro de las comunidades como en las familias. Encontrar una salida para una guerra tan profundamente personal representaba un enorme desafío.
Por eso es que, cuando el gobierno y las Farc llegaron a un acuerdo de paz en septiembre de 2016, después de años de negociación, el mundo aplaudió. Juan Manuel Santos, entonces presidente de Colombia, ganó el Premio Nobel de la Paz.
Pero los acuerdos de paz de esta magnitud nunca son fáciles de implementar y los colombianos sabían que les esperaba un camino largo y desalentador.
El acuerdo firmado por ambas partes es complejo y ambicioso, con un total de 578 compromisos, pero puede reducirse a unas pocas promesas básicas.
Uno de los objetivos principales de la insurgencia de las Farc era mejorar las vidas de los colombianos del sector rural. El acuerdo exige una educación “universal” en las zonas rurales, con acceso a educación preescolar y secundaria, además del acceso garantizado al agua potable y subsidios para implementar programas de desarrollo en los territorios que eran controlados por los rebeldes.
A su vez, las Farc cesarían todas las hostilidades y entregarían sus armamentos a las Naciones Unidas para reincorporarse a la vida civil. Además, el grupo rebelde podría presentarse a elecciones y tendría garantizados diez escaños en el congreso colombiano.
Altas expectativas pero fallas en la implementación
Gran parte de la guerra se libró en el campo y el acuerdo generó esperanzas de que los problemas rurales que impulsaron el conflicto finalmente serían resueltos. Pero dos años después de la firma del acuerdo, una visita a la ciudad de Juan José evidencia que pocas cosas han cambiado.
Esa población de ocho mil habitantes ni siquiera ha recibido los servicios más básicos que se prometieron. Sin agua corriente, los residentes aún tienen que usar pozos sin tratamiento. Pese a las promesas gubernamentales, no se construyeron escuelas en las aldeas vecinas y muchos niños nunca han visto un salón de clases.
Aunque la policía ya llegó a Juan José, ni ellos ni los militares tienen presencia en las aldeas cercanas y nuevos grupos armados han llenado el vacío dejado por las Farc.
Emilio Archila, un asesor del gobierno, dijo que muchas de las promesas de desarrollo incluidas en el acuerdo, como el suministro de agua y electricidad, tardarán más de una década debido al daño que el campo sufrió por el conflicto. “Cualquiera que piense que íbamos a resolver estos problemas en dos años no entiende la magnitud del problema”, dijo.
Pero Adam Isacson, analista de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, un grupo de derechos humanos, afirmó que el gobierno no había actuado. “Colombia tuvo la oportunidad de establecer las instituciones estatales en las tierras que abandonaron los rebeldes, pero no aprovechó ese momento”, dijo. “Ahora hay muchos grupos que luchan por el mismo territorio”.
El dinero es un gran obstáculo para cumplir todas las promesas. Al firmar el acuerdo se estimó que costaría alrededor de 45.000 millones de dólares cumplir todas las promesas en un período de unos quince años. En ese momento, el gobierno podía usar los ingresos de la empresa petrolera estatal cuya producción se ubicaba en casi 100 dólares por barril. Ahora los precios son un tercio más bajos.
Para los agricultores, la coca sigue siendo una opción
Gran parte de la financiación de las Farc provenía del tráfico de drogas. Pero la paz no ha contribuido a que los agricultores cambien su modelo de negocio: el año pasado, la cantidad de tierras utilizadas para la producción de hoja de coca alcanzó su máximo histórico.
Parte del problema es que el lucrativo negocio de la cocaína es tan atractivo para los grupos armados que estos se han extendido hasta las áreas rurales, como lo hicieron las Farc en el pasado.
Pero el gobierno tiene gran parte de la responsabilidad en esa situación.
El programa de sustitución de cultivos establecido en el acuerdo de paz prometió pagos en efectivo a los productores que arrancaran sus plantas de coca y las remplazaran por cultivos legales.
Pero en Juan José, los residentes dicen que los pagos a los agricultores cesaron por un tiempo después de que Duque asumiera la presidencia. Finalmente se reanudaron a fines de año, pero los funcionarios que debían introducir los cultivos alternativos nunca llegaron a la zona.
Por eso, muchos agricultores volvieron a sembrar coca.
Rechazo hacia las garantías judiciales
Un pilar central de este proceso es la promesa de esclarecer la verdad de lo que sucedió durante el conflicto armado, como parte de un esfuerzo para lograr la reconciliación nacional. Con ese fin, el acuerdo estableció la llamada Jurisdicción Especial para la Paz que son los tribunales que procesan los crímenes y abusos.
Hasta el momento, diez mil excombatientes y dos mil miembros de las fuerzas armadas se han comprometido a declarar bajo un amplio manto de inmunidad: podrán ser declarados responsables, pero no serán encarcelados, excepto por algunos delitos específicos.
Esa parte del acuerdo molestó a muchos colombianos que votaron en contra del acuerdo de paz en un referendo que perdió el gobierno. Pero el presidente Santos sorteó el repudio de los votantes al enviar el acuerdo, con algunos cambios y revisiones, directamente al Congreso.
Ahora, Duque ha solicitado la revisión de los tribunales, que califica de indulgentes. A algunas personas les preocupa que busque desmantelarlos por completo.
La garantía de no ir a la cárcel fue fundamental para que las Farc firmaran el acuerdo. Si esa garantía es revocada, muchos podrían ver el proceso como un engaño. Y eso podría ser un factor decisivo para el reinicio de las hostilidades.
“La posibilidad de obtener una sentencia más leve y participar en política es lo que convenció a las Farc para que se involucraran en política”, dijo Isacson, el analista de derechos humanos.
Pocos progresos
Algunas de las promesas hechas en los acuerdos de paz sí se han cumplido. Más de 6804 combatientes de las Farc se desarmaron inicialmente, y más de 8994 armas fueron entregadas. Para 2017, las Farc se habían desmovilizado completamente, excepto por un pequeño grupo disidente.
Cerca del 23 por ciento de las 578 disposiciones del acuerdo se ha implementado en su totalidad, según un estudio reciente del Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz de la Universidad de Notre Dame, que supervisa los acuerdos.
Pero la investigación reveló que, a pesar de este “progreso constante”, solo un tercio de los compromisos adquiridos se cumplirían en el plazo estipulado por el acuerdo. El resto se encontraba en un “estado de implementación mínima” o ni siquiera se habían tocado.
“Es innegable que el gobierno no ha cumplido sus promesas, ya sea la reincorporación de los antiguos combatientes, el desarrollo agrario o las reformas políticas”, dijo Julián Gallo Cubillos, excomandante de las Farc que ahora es senador colombiano. “Hay una negligencia generalizada”.
Uno de los mayores fracasos se da en el área de seguridad, que tanto el gobierno como los rebeldes les aseguraron a los colombianos que sería el mayor logro del acuerdo de paz.
En muchas zonas donde las Farc se desarmaron el gobierno aún tiene que entrar por la fuerza, lo que rompe una promesa clave de los acuerdos.
La ilegalidad y el desorden que impera en las zonas rurales ha significado la muerte para muchos activistas de Colombia: el año pasado fueron asesinados 252 líderes sociales, un aumento en comparación con los 191 que se registraron en 2017, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.
Las Farc dijeron este mes que 130 de sus combatientes habían sido asesinados desde la firma del acuerdo. Los antiguos rebeldes se han quejado repetidamente de que la desmovilización los ha dejado indefensos contra las pandillas paramilitares que aún deambulan en el campo.
Esto ha ocasionado otro importante problema para la paz: los expertos estiman que unos tres mil milicianos han regresado a la lucha armada, una cifra que equivale al 40 por ciento de los que inicialmente se desmovilizaron. Además tienen nuevos miembros.
Las cosas tampoco marchan bien en la política. Aunque los líderes rebeldes fundaron un partido para participar en las elecciones, aprendieron rápido que las victorias militares pueden ser más fáciles que las políticas. Debido a la impopularidad por su historial de secuestros y asesinatos fueron atacados con piedras durante la campaña electoral, por lo que tuvieron que abandonar la contienda presidencial. No ganaron ni un solo escaño en las elecciones más allá de los que ya tenían asegurados por el acuerdo.
El optimismo generado por el acuerdo de paz firmado por Santos se ha desvanecido entre personas como Andrés Chica, un agricultor que vive cerca de Juan José, pero que ahora teme acercarse a esa población.
“Lo que nos vendió fue un sueño”, dijo Chica.
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