WASHINGTON — El presidente estadounidense, Donald Trump, hace lucir cada vez más borrosa la línea que hay entre la seguridad nacional y la seguridad económica de Estados Unidos, lo que le permite aprovechar poderosas herramientas diseñadas para castigar a los peores actores globales del mundo y redirigirlas hacia casi cualquier socio comercial, incluyendo México, Japón, China y Europa.
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En el transcurso de unas cuantas semanas, Trump ha declarado como amenazas para la seguridad nacional a los autos japoneses y europeos, al equipo de telecomunicaciones chino y a los inmigrantes mexicanos. Dichas declaraciones le han otorgado al presidente estadounidense la autoridad para utilizar facultades de la Guerra Fría para causar daños económicos a esos países mediante aranceles, listas negras gubernamentales y otras restricciones.
Mientras que los gobiernos anteriores intentaron abordar por separado las amenazas económicas y las de seguridad, Trump deliberadamente ha mezclado ambas, pues considera que las prácticas comerciales de otro país son igual de peligrosas para Estados Unidos que su capacidad militar.
Es una idea que ha propugnado desde su campaña de 2016 cuando lanzó su agenda de “Estados Unidos primero” y prometió proteger a las empresas que él creía llevaban las de perder en el comercio global. Ya en funciones, Trump inmediatamente retiró a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) y empezó las investigaciones sobre productos importados, como lavadoras y páneles solares, que según él estaban inundando el mercado estadounidense.
Su postura se ha vuelto más agresiva durante los últimos dos años y ha terminado en una idea expansiva de seguridad nacional que ha implicado a Estados Unidos en una guerra económica con casi todos sus socios comerciales, incluyendo a sus aliados desde hace mucho tiempo.
Trump amenazó con recurrir a los poderes de emergencia creados en 1977 para imponer aranceles a México, lo que lo convierte en el primer presidente en aplicar a un aliado cercano una ley que tradicionalmente se utiliza para imponer sanciones económicas a adversarios extranjeros por terrorismo y otros actos indebidos.
Ha empleado mucho una ley de 1962 que le permite aumentar aranceles a las importaciones que se consideran una amenaza para la seguridad nacional y, más recientemente, declaró a los autos de Europa y Japón un riesgo para Estados Unidos.
Además, el gobierno ha recurrido a una recopilación de prácticas de la Guerra Fría contra China: añadió a la lista negra a empresas como el gigante de las telecomunicaciones Huawei para que no compre productos estadounidenses y estableció nuevas restricciones sobre los tipos de tecnología —como la biotecnología y la computación de alto desempeño— que pueden exportarse al extranjero.
“Para este gobierno, todo tiene que ver con la seguridad nacional”, mencionó Chad Bown, investigador principal del Instituto Peterson para la Economía Internacional. “Todo lo que pueden tocar, entra en ese rubro. Lo usan como excusa para imponer aranceles de tal forma que de lo contrario violarían las reglas comerciales”.
Trump señala que esta postura es una respuesta a los años de diplomacia fallida que no hizo nada para evitar que los empleos, la capacidad de fabricación y la innovación salieran de Estados Unidos. Su gobierno sostiene que la erosión de las industrias estadounidenses plantea una amenaza directa para el futuro de Estados Unidos.
“Estamos restableciendo estas verdades fundamentales: un país que no tiene fronteras no es un país”, afirmó Trump cuando publicó su plan nacional de seguridad en diciembre de 2017. “Una nación que no protege su prosperidad dentro del país no puede proteger sus intereses en el extranjero”.
“La seguridad económica es la seguridad nacional”, señaló Peter Navarro, asesor comercial de la Casa Blanca, en un discurso en Washington en noviembre de 2018. “Y si pensamos en todo lo que el gobierno de Trump ha estado haciendo en términos de política económica y de defensa, entenderemos que esa máxima en verdad es el principio rector”.
Los detractores afirman que esta estrategia está permitiendo que el gobierno de Trump termine con reglas comerciales que tienen como fin evitar que Estados Unidos y otros países incrementen las barreras y se involucren en guerras comerciales interminables. Las reglas establecidas por el congreso estadounidense y la Organización Mundial de Comercio ofrecen amplia libertad para las medidas presidenciales basadas en la protección de la seguridad nacional y permiten que el gobierno levante barreras económicas que de lo contrario no podría construir.
Sin embargo, mezclar la seguridad económica con la seguridad nacional conlleva riesgos, que incluyen tensar las relaciones con los gobiernos extranjeros y convertir los asuntos ya de por sí conflictivos —como las prácticas comerciales— en discrepancias irresolubles.
Los legisladores republicanos y los grupos empresariales están advirtiendo cada vez más sobre la postura del gobierno, pues dicen que juntar los asuntos difíciles y divergentes enfriará las relaciones con otros gobiernos y pondrá en desventaja a las empresas estadounidenses. Aunque muchos legisladores en general apoyan la postura de Trump de sancionar a China, han sido directos en contra de imponer sanciones a países aliados como Japón, Canadá, México y naciones europeas, dicen que estas perjudicarían a las empresas estadounidenses —cuya cadena de suministros atraviesa las fronteras— y, más adelante, generará problemas de seguridad mayores.
A principios de este año, Trump declaró estado de emergencia en la frontera sur con México, y el mes pasado amenazó con imponer aranceles de hasta el 25 por ciento a todos los productos mexicanos.
El viernes en la noche, Trump publicó en Twitter que su postura había funcionado y que los aranceles se “suspenderían indefinidamente” debido a que México había aceptado tomar medidas para “contener la ola migratoria”.
El acuerdo, planteado a grandes rasgos en un documento de una sola página del Departamento de Estado, decía que México había aceptado desplegar su Guardia Nacional por todo el país para evitar que los migrantes llegaran a Estados Unidos y ampliar el programa que hace que algunos migrantes en busca de asilo en Estados Unidos se queden en México hasta que sus solicitudes sean procesadas.
Trump fue el primer presidente en amenazar con aranceles mediante la Ley de Poderes de Emergencia y el primero en recurrir a ella para sancionar a un aliado cercano como México. Esta ley, fruto de la Ley de Comercio con el Enemigo, se empleó durante la Guerra Fría para imponer sanciones económicas a la Unión Soviética. Los presidentes han hecho interpretaciones cada vez más generales de esta ley desde la década de los noventa: George H. W. Bush declaró una emergencia por la proliferación de armas químicas, mientras que George W. Bush la declaró debido a la amenaza del terrorismo. Barack Obama utilizó la ley para combatir a las organizaciones delictivas transnacionales y el robo cibernético.
El empleo que hace Trump de sus poderes amenazó con romper la antigua relación económica de Estados Unidos con México y acabar con cualquier posibilidad de ratificar el nuevo acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC o USMCA —en inglés—). Ese pacto, que ya enfrentó pronósticos adversos de aprobación en la Cámara de Representantes controlada por los demócratas, es fundamental para las economías de los tres países y para los fabricantes de automóviles de Estados Unidos, quienes han creado cadenas de suministro por toda Norteamérica. Los legisladores republicanos señalaron que los aranceles de Trump probablemente arruinarían el T-MEC debido a que México no estaría dispuesto a aprobar el acuerdo.
También se están generando tensiones por la postura de Trump hacia Europa, Japón, Corea del Sur y otros países aliados, cuyas exportaciones de metales y automóviles a Estados Unidos han sido etiquetadas como una amenaza para la seguridad nacional. Trump ha impuesto o amenazado con imponer aranceles utilizando una ley de la Guerra Fría, la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, la cual fue aprobada para otorgar al presidente John F. Kennedy la capacidad de imponer aranceles en un intento por contrarrestar la amenaza económica de la Unión Soviética.
Gobiernos anteriores han empleado esta ley de una manera específica, como para reducir los embarques de petróleo procedentes de Irán. Sin embargo, el gobierno de Trump ha utilizado la ley para imponer aranceles brutales al acero y al aluminio procedentes de decenas de países de todo el mundo y ha amenazado con hacer lo mismo con otros productos, específicamente con importaciones de autos y autopartes.
El gobierno de Trump está enfrentando demandas en los tribunales y en la Organización Mundial de Comercio por su utilización de las disposiciones de seguridad nacional. La Corte Suprema evaluará este mes un caso que demanda la autoridad de la sección 232.
El territorio en el que la mezcla de seguridad nacional y seguridad económica ha provocado menos inquietudes es en el caso de China. Aunque la decisión del presidente de imponer aranceles a productos chinos con valor de 250.000 millones de dólares ha generado daños económicos para las empresas y los consumidores estadounidenses, los legisladores y muchos grupos industriales han aceptado la idea con la esperanza de que la presión económica obligue a China a cambiar sus prácticas comerciales, que durante mucho tiempo han representado una desventaja para las empresas estadounidenses.
No obstante, el presidente ha seguido aumentando el daño mediante el uso de medidas secretas generalmente reservadas para combatir al terrorismo y a la proliferación nuclear para sancionar a las empresas chinas. Por su parte, China ha amenazado con hacer lo mismo a las empresas estadounidenses, lo que agravaría una guerra económica que no muestra señales de aplacarse. Las conversaciones entre ambos países se vinieron abajo el mes pasado y parece que ya no se llegará con facilidad a ningún acuerdo para resolver lo que Trump llama prácticas comerciales “injustas”.
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