SAN DIEGO — En los dormitorios, las camas verdes que alguna vez fueron utilizadas por cientos de padres e hijos estaban apiladas contra la pared. En la cena del martes solo se pusieron dos mesas para las pocas familias que se hospedan en este gran refugio, ubicado cerca de la frontera de California, que recibe a las familias migrantes provenientes de México.
En su apogeo, esta instalación administrada por Jewish Family Service de San Diego albergó a más de 300 migrantes que fueron capturados por las autoridades de inmigración de los Estados Unidos. En la primavera, a veces el centro estaba tan abarrotado que los recién llegados tenían que ser trasladados a otros sitios.
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Ahora, el refugio está casi vacío. La cantidad de personas que llegan a esas instalaciones se ha desplomado en las últimas semanas debido a la abrupta disminución en el flujo migratorio que llega a la frontera sur de Estados Unidos, donde el Departamento de Seguridad Nacional dijo que las detenciones bajaron un 28 por ciento en junio.
Las autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza afirman que 104.344 personas cruzaron desde México el mes pasado, en comparación con las 144.278 de mayo, la mayor cifra mensual registrada en 13 años. En este refugio sin fines de lucro de San Diego, los efectos han sido dramáticos. Ni un solo migrante llegó a las instalaciones el viernes de la semana pasada; era la primera vez que esto ocurría desde su apertura en octubre.
“Nos sorprendió esta drástica disminución que ocurrió de la noche a la mañana”, dijo Kate Clark, directora de servicios de inmigración en el refugio. “Las autoridades migratorias estadounidenses no nos están trayendo a las familias que han sido procesadas porque las devuelven a México”.
Mientras tanto, la ciudad mexicana de Tijuana todavía está llena de migrantes, muchos de los cuales regresaron a la frontera en el marco del programa “Permanecer en México” del gobierno de Donald Trump.
El Instituto Madre Asunta, un refugio para familias migrantes ubicado al sur de la frontera, ha superado más de tres veces el número de personas para las que está diseñado. Madres e hijos provenientes de Centroamérica y Haití han pernoctado en un salón de clases convertido en dormitorio, y muchos de ellos simplemente duermen sobre colchones tirados en el suelo.
“Estamos haciendo todo lo posible para alojar a 140 personas, pero solo tenemos 44 camas”, dijo Adelia Contini, la monja que dirige el instituto, ubicado en un vecindario residencial donde ya existe otro refugio para padres e hijos con mayor capacidad.
Algunas familias han pasado meses en el Madre Asunta, después de haber sido devueltas a México por las autoridades estadounidenses de inmigración. Tienen instrucciones de presentarse en el puerto de entrada de San Ysidro, California, al amanecer del día de su audiencia de inmigración para de ahí ser trasladadas a los tribunales.
Pero en las últimas semanas hay menos personas que solicitan refugio, dijo Contini quien sugiere que la cantidad de migrantes que llegan a la frontera de Estados Unidos podría estar disminuyendo.
El flujo de migrantes normalmente baja durante el verano, cuando se registran altas temperaturas en algunos sectores de la frontera. Pero la abrupta caída del mes pasado podría marcar una nueva tendencia.
“La política estadounidense de devolver a las personas hacia México y la presión sobre el gobierno de ese país para que detenga la migración están teniendo un gran impacto”, dijo Daniel Bribiescas, un abogado de inmigración en Tijuana.
La política que exige el retorno de los migrantes a México, si llegan a la frontera sur por tierra, fue anunciada a fines de enero y busca evitar que los solicitantes de asilo pasen años en Estados Unidos mientras esperan la resolución de sus procesos judiciales de inmigración.
Más de 18.000 migrantes, incluidos solicitantes de asilo, han retornado a Tijuana y otras ciudades mexicanas desde que se implementó la política, según datos del Instituto Nacional de Migración de México. Con el nombre oficial de Protocolos de Protección al Migrante, la política se introdujo en Tijuana y desde entonces se ha expandido a otras partes de la frontera. El martes, el programa entró en vigencia en la ciudad mexicana de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, cuando 10 personas de Cuba y Venezuela fueron enviadas de regreso a la frontera desde Laredo, Texas.
La medida se enfocó inicialmente en los centroamericanos que provienen de la que desde 2014 es la región con mayor proporción de migrantes que buscan refugio en los Estados Unidos. Pero también incluye a migrantes de países como Cuba y Venezuela. En general, los migrantes han recibido citas judiciales varios meses después de llegar a la frontera, por lo que se quedan varados en México durante ese tiempo. Algunos de los que han llegado recientemente serán juzgados recién en octubre.
La propia seguridad en las fronteras de México también está teniendo efecto. Para cumplir con el acuerdo logrado por el presidente Trump el mes pasado, más de 20.000 efectivos mexicanos, incluidos los miembros de la recién creada Guardia Nacional, se han desplegado en los estados de las fronteras sur y norte de México.
Las autoridades mexicanas han estado interceptando autobuses que viajan a lo largo de los principales corredores de migrantes. En Tijuana, los oficiales han estado deteniendo y arrestando a migrantes que no cuentan con documentos para demostrar que pueden permanecer legalmente en el país.
La semana pasada, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) comenzó a proporcionar un servicio de autobús gratuito desde Ciudad Juárez, México, para las personas que deseen regresar a Guatemala y Honduras. Las unidades partieron la semana pasada con 67 migrantes de regreso a casa. Un segundo grupo de 70 personas abordó los buses el martes. Naciones Unidas planea comenzar a ofrecer un servicio de autobús similar desde Tijuana en los próximos días.
Ninguna de las personas que tomaron los buses de la OIM buscaban asilo en los Estados Unidos, según un funcionario de esa organización.
Mientras tanto, al menos una empresa de autobuses comerciales ha comenzado a ofrecer servicios directos desde Tijuana a Tapachula, una ciudad mexicana ubicada cerca de la frontera con Guatemala.
Docenas de migrantes que estaban pensando en regresar a sus países desbordaban una pequeña agencia de viajes en Tijuana el lunes.
Jenaro Mejía, de 54 años, un solicitante de asilo de Honduras, dijo que su primera audiencia judicial en los Estados Unidos estaba programada para el 5 de agosto. “No sabemos si ganaremos el asilo o no”, dijo. Ante la incertidumbre y la perspectiva de permanecer por varios meses más en México, Mejía dijo que regresaría a su casa y no volverá. “Hemos contactado a nuestra familia para que nos compre boletos”, dijo Mejía, cuyo hijo Fabio, de 15 años y con los ojos apagados por el cansancio, estaba a su lado.
Pero la mayoría de los migrantes dijeron que no podían pagar los 3000 pesos (unos 156 dólares) que cuesta el boleto de autobús hacia Centroamérica; ya han gastado todo su dinero para pagarle a los contrabandistas que los guiaron hacia Estados Unidos. “Algunos vendimos nuestras tierras para cumplir el sueño de llegar hasta aquí. No tenemos el dinero para un boleto a casa”, dijo Carlos Mauricio López, un migrante guatemalteco cuya primera audiencia judicial fue programada para el 4 de octubre.
Los críticos han dicho que la política de permanecer en México pone en peligro a los migrantes que huyeron de la violencia en sus países de origen, porque las ciudades mexicanas de la frontera a menudo son inseguras. Además, el programa dificulta que los migrantes puedan contratar un abogado estadounidense que los represente ante un juez de inmigración, lo que afecta sus posibilidades de solicitar exitosamente el asilo en los Estados Unidos.
En el refugio de San Diego las llegadas han disminuido durante toda la semana, solo diez familias de migrantes llegaron entre lunes y martes.
“El Departamento de Seguridad Nacional continúa inscribiendo a los solicitantes de asilo en los protocolos de protección migratoria, a pesar del trabajo de las organizaciones estadounidenses sin fines de lucro que quieren seguir ayudando a los migrantes”, dijo Clark, la funcionaria de Jewish Family Service de San Diego.
Clark afirma que solo las personas de países como India, China y Rusia, naciones cuyos ciudadanos no están sujetos a la política, continúan llegando. Las únicas excepciones entre los latinoamericanos son aquellos que tienen un hijo u otro miembro de la familia con un problema médico grave. Un hondureño que se identificó como Jonnie llegó con su niña de 4 años, que sufría de escoliosis avanzada por la que dijo que tenía una necesidad crítica de cirugía.
Otra hondureña, que se identificó como Seila, dijo que se le permitió ir al refugio con sus dos hijos porque su esposo, Edwin, contrajo una rara infección y está hospitalizado en San Diego.
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