Un arresto
El 14 de agosto de 2018, Matías se despertó antes del amanecer, nervioso y entusiasmado y, por primera vez en años, esperanzado. Tenía programada una reunión con una nueva administradora de caso, en esta ocasión, alguien que trabajaba directamente con el DCFS.
Cinco meses antes, la abogada asignada a su caso caso había presentado una queja ante la inspectora general de la agencia alegando que los empleados de Children’s Home & Aid habían hostigado a Matías, además de hacer comentarios insultantes acerca de los inmigrantes indocumentados y rehusarse a hablar con él acerca de su caso en presencia de su abogada.
La inspectora general abrió una investigación y, en julio del año pasado, emitió un informe interino indicando prejuicios serios en contra de Matías, así como retrasos innecesarios para encontrar un hogar permanente para sus hijos. Asimismo recomendó que DCFS llevara a cabo su propia evaluación y decidiera si habría que sacar a Children’s Home & Aid del caso. El DCFS comenzó a hacerse cargo del mismo y abrió una investigación interna para determinar si se habían violado los derechos de Matías relativos al decreto Burgos.
Ese día en agosto, cuando Matías se dirigía a las oficinas del DCFS para reunirse por primera vez con su nueva administradora de caso, solo pensaba en hacer una buena impresión. Sin embargo, un carro policial sin distintivos y con luces destellantes le ordenó que se detuviera. Eran oficiales de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.
El agente buscó información con sus huellas digitales y descubrió una orden de deportación emitida cuando Matías no se presentó a la audiencia de inmigración que fue programada cuando había cruzado la frontera hacía más de diez años. Una vocera de ICE informó que los agentes se encontraban afuera de su edificio de departamentos para buscar a otra persona; su objetivo no era Matías, quien no tenía antecedentes penales.
En comparación con el ambiente político de hace dos décadas cuando las autoridades sobrepasaron la calidad migratoria de Zapata, con la administración de Trump, casi cualquier persona indocumentada es ahora prioridad para deportación sin que importen sus antecedentes penales o sus lazos familiares. En noviembre, tres meses después de ser arrestado, Matías fue deportado a Guatemala.
El dilema fundamental
En febrero, la Inspectora General Suplente del DCFS, Meryl Paniak, dictó un informe indicando que los derechos paternos de Matías fueron violados. La funcionaria mencionó que su caso era quizás peor que el de la familia Burgos.
El informe confidencial enfatizó que el decreto de consentimiento “no es solo una formalidad” sino “una expresión de la necesidad de respetar los lazos con las familias de origen para facilitar el regreso al hogar”. Paniak escribió que “colocar a cualquier menor desde su nacimiento, en un hogar donde no se le enseñe un idioma con el cual pueda comunicarse con su familia de origen, infringe el precepto básico del bienestar infantil”.
La Inspectora General encontró que la manera en que Children’s Home & Aid indagó con Matías si prefería servicios en inglés o en español, lo alentó a renunciar a sus derechos relativos al decreto Burgos. El informe resaltó que la primera vez que Matías había pedido servicios en español fue para el niño nacido en 2013, antes de enterarse de que él no era el padre. “No había razón para preguntárselo de nuevo”, indicó Paniak.
El informe reveló que Children’s Home & Aid determinó que Matías no era un padre apto basándose en suposiciones no respaldadas, lo cual incluyó describirlo como persona “con enfermedades o impedimentos mentales” por no hacer suficientes avances para recuperar a sus hijos.
La Inspectora General también encontró que Children’s Home & Aid llevó a cabo pruebas de detección de drogas en forma excesiva y sin causa. Matías nunca fue sospechado en cuanto al uso de las drogas y los expedientes muestran que nunca tuvo un análisis positivo.
La Inspectora General recomendó que Children’s Home & Aid reembolsara al DCFS por el costo de las pruebas de detección de drogas, además de presentar un plan para abordar el “patrón de toma de decisiones basadas en prejuicios que prevaleció en este caso”.
El DCFS dijo que aceptó las recomendaciones. Un funcionario de Children’s Home & Aid indicó que la organización respondió al informe y presentó una propuesta para un plan, pero que no darían más comentarios.
En su informe, la Inspectora General destaca el dilema para decidir lo mejor para los hijos de Matías: “Después de cuatro años con una familia de crianza temporal y debido a que [su hija] también fue colocada con los Palenik, en estos momentos no es claro lo que sería más conveniente para los intereses de los niños”, redactó. “Sería difícil sacar a [su hijo] del único hogar que ha conocido desde nacimiento y también hay interés por mantener a los hermanos juntos”.
La historia ofrece versiones dramáticamente distintas de lo que puede suceder.
Olga y Henry Burgos no pudieron establecer lazos íntimos con sus padres después de reunificarse, informó la familia posteriormente. En una serie reciente de mensajes de texto, Olga Burgos indicó que los años que vivió con sus padres después de que los recuperaran, fueron como “vivir en un país extranjero”. Tuvo incluso que depender de sus hermanos mayores para que le interpretaran.
“Era muy difícil porque necesitaba que alguien en la casa me dijera lo que mis padres me comunicaban y no siempre estaban mis hermanos”, agregó.
La enviaron a Puerto Rico por varios años a vivir con su abuela y aprender español. En Puerto Rico la atrasaron en la escuela, colocándola en un salón de tercer grado aunque ella ya iba en quinto de primaria en Chicago. “Imagínese a una niña de once años en [tercer] grado”, escribió. “Era una niña perdida”.
Regresó a Chicago al terminar la preparatoria y trabajó como camarera. De acuerdo con un artículo publicado en 2007 por el Chicago Tribune, a menudo pensaba en sus padres de crianza y, años después, se mudó a Arizona para estar con ellos. Según otro artículo previo del Tribune, Henry se fugó de casa repetidamente y nunca aprendió español.
En comparación, Zapata aún vive la alegría de tener a sus hijas nuevamente. Ellas tienen ahora 21 y 22 años y viven en casa. Una trabaja como asistente dental y la otra ayuda en la tienda de abarrotes de su familia mientras hace una pausa en sus estudios universitarios. Informaron a través de su padre que no deseaban ser entrevistadas.
Zapata lloró cuando describió los meses después de que ganó la custodia. Las niñas se rehusaban a separarse y dormían en la misma cama. Tenían pesadillas. Zapata las revisaba dos o tres veces todas las noches durante ese primer año.
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