Juan Carlos I comunicó el pasado lunes a su hijo el rey Felipe VI su decisión de vivir fuera de España ante las informaciones publicadas en las últimas semanas sobre sus presuntos negocios ocultos en Suiza, que amenazaban con deteriorar la imagen de la monarquía en el país. LA FAMILIA REAL DE VACACIONES Mientras tanto, la atención mediática se centra ahora en el inicio de las vacaciones estivales de los reyes Felipe VI y Letizia, que junto a sus dos hijas, la princesa de Asturias, Leonor, y la infanta Sofía, llegaron ayer viernes a la isla mediterránea de Mallorca. La incógnita sobre el paradero de Juan Carlos de Borbón ha motivado que periodistas e informadores gráficos, en un número mucho mayor que en años anteriores, se hayan congregado a las puertas del Palacio de Marivent, la residencia de verano desde hace años de la Familia Real española, para dar cuenta de su llegada. Allí los reyes se han encontrado con la reina emérita Sofía, que llevaba varios días en la isla junto a su hija, la infanta Elena, y su hermana Irene de Grecia. No habrá encuentro con la prensa, cancelado este año por la pandemia de coronavirus, por lo que se desvanece la posibilidad para la prensa de intentar arrancar algún detalle sobre dónde está el rey Juan Carlos. JUAN CARLOS I FUERA DEL CALLEJERO La polémica por los presuntos negocios ocultos de Juan Carlos I y su marcha de España ha generado como efecto colateral que algunos municipios españoles hayan retirado el nombre del rey emérito de su callejero y de algunos símbolos, mientras que en otros se han hecho peticiones para tomar medidas similares. Frente a la corriente desatada en algunos consistorios, gobernados por partidos de izquierda o nacionalistas, otros han optado por frenar cualquier intento de borrar la huella del anterior jefe del Estado por respeto a su presunción de inocencia. En España, el nombre de Juan Carlos I está en al menos 637 vías públicas, entre calles, plazas o avenidas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Frente a los propósitos revisionistas, el Gobierno español prefiere no terciar al considerar que es un asunto que compete a las administraciones locales, como argumentó esta semana la vicepresidenta del Ejecutivo, la socialista Carmen Calvo.