La venta o negociación de nombramientos en el Mi­nisterio de Salud Pública es una práctica vieja in­crustada en el mismo De­partamento de Recursos Humanos.

Esa es el área a la que, de acuerdo a informes ob­tenidos por Listín Diario, corresponde el alto funcio­nario que recientemente fue suspendido y remitido a la Dirección General de Ética e Integridad Guber­namental (Digeig) por su­puestamente cometer acto de corrupción.

El monto del pago único para alcanzar un nombra­miento varía dependien­do del puesto. Por ejem­plo, en caso de un médico, una enfermera o bioana­lista que tiene garantizado su permanencia en el Es­tado, el interesado podría pagar entre 30 y 50 mil pesos; cuando se trata de empleos de otra categoría iría entre 10 mil, 15 mil y 20 mil pesos, y en ocasio­nes la negociación puede incluir la entrega del pri­mer salario completo.

Debido a esa vieja prác­tica no es raro que los Mi­nistros de turno se en­cuentren en ocasiones que firman el nombramien­to de una persona y resul­ta que nunca es colocada en el cargo, o lo contrario, que se ordena desvincular un personal, y meses des­pués se encuentran con que sigue desempeñando la función.

Los detalles del “mo­dus operandi” fueron ofrecidos a Listín Diario por el doctor Nelson Ro­dríguez Monegro, quien durante 12 años estuvo laborando en el Ministe­rio de Salud Pública, ocu­pando diversas funcio­nes, iniciando en el 2006 como subsecretario de Salud Colectiva, pasan­do por la subsecretaría de atención a la persona, por la Dirección de Desarro­llo de direcciones provin­ciales hasta director del Servicio Nacional de Sa­lud (SNS) al que renun­ció en febrero del 2018.

Secreto a voces
Dijo que desde el 2006 ha estado denunciando a lo interno del Ministerio de Salud Pública esa prácti­ca y que propuso en varias ocasiones que se hiciera una reestructuración com­pleta del Departamento o Gerencia de Recursos Hu­manos, donde dice, tiene su base ese acto inescru­puloso.

Explica, que aunque los Ministros de turno no es­tán involucrados, ese en­granaje funciona con la complicidad de mucha gente, por lo que no le ex­traña que la persona sus­pendida por la actual ad­ministración encontrara el esquema y se “engan­chó” de inmediato en esa plataforma.

“Quien haga travesura debe pagar”
Consultado por Listín Diario, el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, no quiso re­velar el nombre de la persona suspendida y enviada a la co­misión de ética porque, según dijo, se trata de una denuncia que recibió y se debe esperar que concluyan las investiga­ciones para confirmar o no su veracidad.

Reveló que recibió la de­nuncia el pasado martes de parte de un hombre en un pasillo del Ministerio, por lo que, por el rumor público, decidió suspender al funcio­nario y pasar el caso al orga­nismo correspondiente, para investigar. “Nosotros estare­mos apegados a la transpa­rencia, por lo que quien haga su travesura debe pagar”, se­ñaló el funcionario, vía tele­fónica.

Primer caso durante este Gobierno
Se ha informado extraoficial­mente que la persona suspen­dida ocupa una alta función en la Gerencia de Recursos Humanos del Ministerio, siendo el primer caso de pre­sunta corrupción detectado en el actual Gobierno inaugu­rado el pasado 16 de agosto.

A través de su cuenta de Twitter en la tarde del sá­bado el ministro de Salud, Plutarco Arias, confirmó que un empleado fue sus­pendido de sus labores, lue­go de presuntamente co­meter actos de corrupción dentro del Ministerio de Salud Pública.

En tanto, la Dirección Ge­neral de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) in­formó que la suspensión de un funcionario del Ministe­rio de Salud Pública se debió a que este presuntamente tramitaba empleos a cambio de dinero.

En una comunicación de la Digeig, se informó que asumirán la investigación del caso.

“Cumpliendo con lo es­tablecido en el artículo 6 numeral 22 del Decreto No. 486-12, asume de ofi­cio la investigación del ca­so que de ser confirmada la ocurrencia de hechos que transgredan el régimen éti­co, disciplinario, y el orde­namiento penal procura­rá, que los que resultasen implicados, además de las sanciones administrativas sean el sometidos ante el Ministerio Publico”, esta­blece la entidad.

LOS MÉDICOS
Serio problema.
La gravedad del caso en Salud Pública es así. Un médico, una enfermera o un bioanalista, que tiene garantizado su perma­nencia en el Estado, el in­teresado pagaría de entre 30 y 50 mil pesos.