Citó también el sector Salud, como el Ministerio y PROMESE, los cuales administraron cuantiosos recursos para la contratación de bienes y servicios. “Pero también los vinculados a áreas de construcciones de obras físicas, no solamente OISOE, el Ministerio de Obras Públicas, el INVI, INAPA o la CAASD, construyen, hacen contratos y licitaciones, hay sorteos de obras, hay que mantener la vigilancia de lo que sucedió y a lo que pueda suceder”, enfatizó.

Su rol no distingue tiempo ni personas, sino criterios.
“Vamos a volver a la Procuraduría tantas veces como sea necesario, en la medida que nuestro trabajo nos indique que los casos que llevamos, los casos que nos apoderamos, los casos que investigamos que estén rodeado de violaciones que van más allá de aspectos administrativos”, indicó Pimentel.

Sostuvo que los casos de los RD$11,500 millones de AC30, asfalto caliente, Plan Social de la Presidencia, Inaipi uno y dos tienen características que no son simple violación de un proceso. Comentó que tiene por delante un desafío importante y que ha asumido sus funciones con toda la entereza y determinación, en los casi primeros 100 días de gobierno.

“Hemos emitido unas 115 decisiones, resoluciones de distintas índoles, de impugnaciones, de reclamaciones, de medidas cautelares, hemos tenido que llevar cuatro casos a la Procuraduría General de la República, con indicios contundentes y precisos”, agregó.

Pimentel consideró que esos casos debieron ir a la Procuraduría porque están al borde de la investigación penal, lo cual hará Contrataciones Públicas con los casos que tengan esas características.

Alertas tempranas
“Hemos empezado a desarrollar un sistema de alerta temprana, que hemos denominado monitoreo preventivo, que nos permite y nos va a permitir dar seguimiento y monitorear todos los procesos que las instituciones del Estado empiecen a realizar, vinculado a la contratación de bienes, servicios y obras”