La enseñanza concertada se ha lanzado a la calle en contra de la Lomloe o ley Celaá a través de una marea naranja -similar a la marea verde de la escuela pública contra la Lomce o ley Wert- con la que denuncian falta de libertad para elegir un tipo de educación o que los centros cerrarán paulatinamente por falta de medios y alumnos.
Pero, qué lleva a pensar que podría haber un propósito de trasvase de estudiantes de la red concertada a la pública o que, como dice Más Plurales en sus protestas, la ley Celaá "adjudica un papel subsidiario a la enseñanza concertada, condenándola a una rápida desaparición".
La ministra de Educación, Isabel Celaá, niega con rotundidad que haya un ataque o una amenaza a este tipo de centros y lo achaca a "bulos y 'fake news'".
La ministra defiende que la red pública "ha de ser el referente del sistema educativo" y que "la enseñanza pública es la obligación de la Administración pública y, por tanto, tiene que estar, la concertada es libre de estar", ha recalcado en alguna ocasión.
¿QUÉ DICE LA LOMLOE?
La Lomloe mantiene la existencia de la red concertada en diversos artículos y la libertad de los padres pero también fija un incremento progresivo de puestos escolares en la red pública y la obtención del suelo público necesario para construir centros públicos.
Frente a la Lomce retira la "demanda social" para poder ofertar nuevas plazas en los concertados, que no recibirán financiación pública si separan por sexo y no podrán cobrar cuotas las familias.
Para el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (Concapa), Pedro José Caballero, todo ello significa que "se quiere una línea única de educación: pública y laica".
La red concertada va acompañada de "un proyecto educativo y de unas creencias y eso es lo que pueden elegir los padres", apunta.
"Si se cierran recursos económicos para la concertada, inevitablemente -avisa- puede haber un trasvase de alumnos a los centros públicos".
El secretario de Organización de FSIE, Jesús Pueyo entiende asimismo que se propone "la desaparición progresiva de la concertada en favor de la pública sin tener en cuenta lo que realmente las familias consideran adecuado para sus hijos".
"Aumentar las plazas públicas conlleva inexorablemente un trasvase de alumnado de la concertada para llenar esas plazas aunque no hayan sido solicitadas por las familias", recalca.
La red concertada existe desde 1985 (siendo presidente Felipe González), recibe fondos de los Presupuestos Generales y se creó, entre otros motivos, por la subida de la natalidad y el aumento de años de la escolarización.
La deficiente natalidad actual afecta ahora a todos los centros, sostiene Caballero y, si falta el apoyo a los concertados, "al final quedarán pocos de ellos, solo los de las grandes ciudades".
Pueyo añade: "Si cada vez hay menos niños y a la vez se decide incrementar plazas solo públicas es evidente que deberán ser ocupadas con alumnado de la concertada".
LAS CIFRAS DE LA CONCERTADA
En España el 67,1 % de los centros son públicos (19.055), el 18,6 % concertados (5.281) y el 14,2 % privados (4.041), según el informe del Consejo Escolar del Estado 2019.
El profesorado que imparte docencia en centros de enseñanzas no universitarios era 724.803 en el curso 2019-20, de ellos 517.437 lo hacen en públicos y 207.366 en centros concertados y privados, según el Ministerio de Educación.
Y en los centros concertados y privados cursan sus estudios el 32,8 % de los estudiantes.
Según la Plataforma Más Plurales, más de 260.000 profesionales, docentes y no docentes, trabajan en alrededor de 9.300 centros concertados y privados, que eligen cerca de cuatro millones de familias para casi 3 millones de alumnos.
Los centros educativos católicos, en concreto, suponen el 15 % del total del sistema y son mayoría entre los concertados.
La red de Escuelas Católicas aglutina a 1.976 centros, 1.216.907 alumnos y 102.948 trabajadores, de los que 83.682 son docentes.
Desde la Concapa se señala que el coste educativo de un alumno es un dato difícil de saber pero que en la red pública es de unos 6.000 euros frente a 3.000 euros en uno concertado.
Un puesto escolar cuesta igual en la red pública que en la concertada pero, como el concierto no cubre la totalidad del gasto, aparecen "las aportaciones de las familias", que son "voluntarias", enfatiza Caballero.
Pueyo explica además que, de forma generalizada, no se abonan a docentes de la concertada los sexenios y que la diferencia de salarios puede llegar al 10 % con compañeros de la pública.
Y la carga lectiva en Secundaria, Bachillerato y FP de un profesor es 25 horas lectivas (clases) semanales frente a 18-21 en centros públicos, añade.
Por su lado, los concertados que segregan a sus alumnos por razón de sexo sumaban en 2018 un total de 87, especialmente en Madrid, Cataluña y Valencia con más de una decena cada una.
Se trata de una opción avalada por el Constitucional, de ahí que esta misma semana el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haya suspendido la resolución de la Generalitat que retiraba el concierto educativo a los once colegios catalanes que segregan por sexo y ha acordado renovarlo durante seis años para preservar el interés de los centros y de las familias.
Francia, Italia, Inglaterra, Bélgica, Alemania o Finlandia también disponen de red concertada, en mayor o menor medida, y decir que es "una anomalía" de España es "una afirmación totalmente desafortunada y segregadora", comenta Pueyo.
"La enseñanza concertada es una alternativa que garantiza la pluralidad, el derecho de los padres a elegir libremente el tipo de educación que quieren para sus hijos", opina.
Los padres buscan en la concertada que "el ideario y el proyecto educativo del centro responda a su interés y que sus hijos reciban la educación y formación que considera más adecuada conforme a sus principios y valores", concluye Pueyo.
Pilar Rodríguez Veiga
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