La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez especial para el control de la investigación, sobre corrupción y otros delitos, que lleva el Ministerio Público contra los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas (CC). Wilson Camacho, titular de la Pepca, pidió al presidente de la Suprema, Luis Henry Molina, designar un juez para conocer las imputaciones preliminares contra Hugo Francisco Álvarez Pérez, Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noés Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera, quienes tienen privilegio de jurisdicción. Al grupo de funcionarios se le investiga provisionalmente por obstrucción de la justicia, en violación del artículo 12 de la Ley 133-11. La investigación del Ministerio Público también incluye a otros integrantes del organismo de fiscalización estatal. Similarmente, el Ministerio Público sostiene que los actos de los integrantes de la CC configuran delitos como coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción. La instancia depositada por la Pepca, ante la secretaría de la Suprema Corte estableció que los investigados tienen privilegio de jurisdicción amparados en el artículo 154, numeral 1, de la Constitución de República Dominicana, y los artículos 378 y 379 del Código Procesal Penal. Las funciones de juez de la instrucción del proceso deberán ser cumplidas por un juez de Corte de Apelación o de la Suprema Corte de Justicia, designado especialmente por el presidente de dicho organismo, plantea la Pepca. La instancia planteó que la Pepca ha enviado varias solicitudes de información a la CC, “las cuales no han sido respondidas, sin ninguna justificación válida, mas que la de actuar dolosamente para impedir el cumplimiento de las funciones de Ministerio Público, órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad”. Asimismo, el Ministerio Público aseguró tener evidencias de que los investigados “retienen pruebas que son necesarias para la investigación, pero están bajo su poder y se niegan a entregarlas”, razón por la que “continúan obstruyendo la justicia”.