Dentro de las motivaciones ofrecidas en su decisión, la Jueza de la Instrucción especial sostuvo que la Cámara de Cuentas se encontraba en indefensión con la actitud asumida por el Ministerio Público, debido a que la participación y el acceso que ella debe tener no es una concepción sujeta a la voluntad antojadiza del Ministerio Público, sino un derecho que tiene a participar y tener acceso a todos los actos de la investigación durante la fase preparatoria y las demás del proceso. Los abogados en su petición al tribunal alegaron que los documentos son de capital interés para ejercer de manera efectiva el derecho de defensa que le asiste a la Cámara de Cuentas, como parte afectada con ocasión del allanamiento del que fue objeto su sede, y respecto del cual pretende deducir consecuencias. La defensa de la Cámara de Cuentas alegó que requieren de los documentos solicitados en razón de que son de vital interés para derivar adecuadamente las acciones constitucionales y legales que se propone interponer el órgano de control externo con motivo del cuestionado allanamiento a su sede institucional del pasado 22 de febrero del 2021. Se recuerda que la juez de la instrucción especial, Garabito Ramírez, autorizó al Ministerio Público practicar un allanamiento en la Cámara de Cuentas el pasado 22 de febrero. La Pepca investiga a los miembros de la Cámara de Cuentas por la supuesta comisión de delitos como asociación de malhechores, falsificación de documentos, coalición de funcionarios, complicidad en estafa contra el Estado y lavado de activos. Las investigaciones abarcan a todos los integrantes del organismo y a funcionarios de otras áreas de esa institución fiscalizadora del uso de los fondos públicos, como la consultoría jurídica y la dirección de auditoría.