El contexto internacional y factores internos han marcado la historia con graves situaciones que han obligado a gobernantes y sectores productivos a pactar por la sostenibilidad. Cómo Balaguer toreó la crisis de los combustibles en 1990 Largas filas se recuerdan por la escasez de combustibles, muchos autos quedados en las calles y propietarios con galones buscando gasolina para rescatar sus vehículos. Cómo Balaguer toreó la crisis de los combustibles en 1990Cómo Balaguer toreó la crisis de los combustibles en 1990 Patria Reyes Rodríguez patria.reyes@listindiario.com Santo Domingo, RD Quienes recuerdan la cri­sis económica de inicios de los años 90 suelen acor­darse de las largas colas en las estaciones de com­bustibles, la desesperación de propietarios de vehí­culos que se quedaban en las vías públicas por fal­ta de gasolina, la angustia de la población por los au­mentos de precios de los productos de primera ne­cesidad y las recurrentes huelgas que paralizaron el país en demanda de mejo­res condiciones de vida. Eran los tiempos en que el Dr. Joaquín Balaguer to­reaba el poder político des­de el Gobierno en el inicio de su quinto mandato presi­dencial, bajo el descontento de la población angustiada por el alto costo de los pro­ductos de primera necesi­dad, los apagones, la esca­sez y subidas exorbitantes en el precio de los combus­tibles. Los datos económi­cos publicados por la Co­misión Económica para América Latina y el Cari­be (CEPAL) sobre la crisis de la época apuntan que el producto interno bruto (PIB), en 1990, se contrajo un 6.2%, el consumo pri­vado 11%, la inversión bru­ta fija 9%, la inflación subió al 80%, las reservas interna­cionales se redujeron cerca de US$500 millones y que­braron siete bancos comer­ciales. En los primeros meses del 1990, el racionamiento de los combustibles forza­dos por la Guerra en Golfo Pérsico, los aumentos des­proporcionados en el precio de la gasolina de RD$6.00 a RD$11.00 y las alzas de los artículos de primera nece­sidad, se convirtieron en el detonante de la complicada situación que además tenía agregada la crisis de legiti­midad política por las cues­tionadas elecciones “gana­das” por Joaquín Balaguer. Las dificultades econó­micas llevaron a Balaguer a anunciar en julio nue­vos incrementos en el cos­to de la gasolina, esta vez de RD$11.00 a RD$20.00, lo que agudizó la situación e impulsó un incremento de los llamados a huelgas de los sindicatos y organizaciones populares, lo que creaba ma­yor inestabilidad política. Es en ese contexto que Balaguer, aunque atribuye el difícil escenario a causas políticas y a la especulación, se ve obligado a propiciar con el apoyo de la Iglesia Católica y el sector empre­sarial, el llamado “Pacto de la Solidaridad Económica”. En esta propuesta de Pac­to se comprometía a pro­piciar presupuestos equi­librados y austeros en las entidades descentralizadas, suspender las emisiones in­orgánicas, fijar precios de ventas con los costos rea­les y márgenes de benefi­cios justos para los alimen­tos, medicinas, carburantes y transporte. Asimismo, proponía es­tablecer una tasa de cambio “única, revisable y ajusta­da a la realidad de la ofer­ta y la demanda”, aumentar los sueldos de los servidores públicos y propiciar un in­cremento en los salarios del sector privado. También, ampliar y profundizar los programas directos de asis­tencia social. En el plano de las finan­zas públicas, la propuesta de Pacto ofrecía reorientar la inversión fiscal a la pro­ducción agropecuaria e in­dustrial, superar la crisis energética, atender las de­mandas de viviendas, es­cuelas y centros de salud, además de renegociar la deuda pública y restringir el crédito interno. El mismo comprome­tía al sector empresarial a mantener estables, duran­te seis meses, los precios de los artículos de primera ne­cesidad, incluyendo los re­puestos de vehículos, asimi­lar los aumentos salariales y respaldar las reformas fis­cales. También planteaba que los empresarios entre­garan las divisas que gene­raban sus exportaciones y las remesas. En el caso de las orga­nizaciones populares, su compromiso sería contri­buir con la armonía obre­ro-patronal, mantener sus servicios, incrementar la productividad, defender el orden público y propiciar la paz social sin renunciar a sus aspiraciones legítimas. La propuesta hecha por el Gobierno de Balaguer fue ponderada por los sectores empresariales y populares, los que luego con algunas que otras puntualizaciones se pusieron de acuerdo en aras de propiciar la paz so­cial necesaria para mejorar la situación del país. A partir de esta negocia­ción se iniciaron en el país un grupo de reformas, se­gún explica Julio Andújar Scheker en “Reformas eco­nómicas y negociaciones políticas: Apuntes sobre la experiencia dominicana de los noventa”, que fueron orientadas a liberalizar la economía y a reducir o eli­minar controles en diferen­tes sectores. Refiere que este pacto in­cluía dos tipos de políticas: reformas estructurales o cambios de largo plazo como las reformas arancelaria, tri­butaria, laboral y monetaria y políticas de estabilización de corto plazo enfocadas en la reducción de la inflación, el relanzamiento del creci­miento económico y la co­rrección de los problemas de balanza de pagos. SEPA MÁS La necesidad de un pacto social Aunque la realidad polí­tica de 1990 es distinta a la que se vive en la ac­tualidad, las amenazas del entorno internacio­nal pueden crear situa­ciones de crisis interna que provoquen inestabi­lidad y descontroles gra­ves en las finanzas pú­blicas, como sucedió en aquella época. La ola inflacionaria in­terna provocada por el aumento de los precios de las materias primas, del petróleo y de los ali­mentos a nivel mundial, más el alto endeuda­miento de las finanzas públicas, constituyen una seria amenaza a la sostenibilidad de la re­cuperación económica post-COVID-19. Este fin de semana el precio del barril de pe­tróleo WTI alcanzó los US$65.61, un ingredien­te que complica el pano­rama económico nacio­nal considerando que en el Presupuesto Nacional se estimó el precio del barril a US$45.50. Desde que el presiden­te Luis Abinader asumió la dirección del Gobier­no ha manifestado la ne­cesidad de que el país se aboque a definir el pacto fiscal para poder lograr las metas políticas eco­nómicas y sociales a la que aspira la nación.