Ramón Cruz Benzán Santo Domingo, RD El juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional rechazó hoy un pedimento del Ministerio Público que buscaba que la revisión obligatoria de la medida de coerción solo fuera conocida a cuatro de los imputados en el caso de corrupción Anti pulpo. El magistrado Amauri Martínez Abreu, tras rechazar el pedimento de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y de la Dirección de Persecución, ordenó la continuación de la revisión obligatoria de la medida de coerción a los 11 implicados. El Ministerio Público había pedido al tribunal no conocer la revisión de los imputados Alexis Medina Sánchez, suplidor del Estado y hermano del expresidente Danilo Medina; Aquiles Alejandro Christopher, Francisco Pagán, Fernando Manuel Rosa, Julián Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona, alegando que la prisión le fue ratificada en enero pasado por la segunda sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. El grupo procura que se les varíe la prisión preventiva que cumplen en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, en San Cristóbal, durante la revisión de la medida impuesta en diciembre pasado por el entonces juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas. La revisión obligatoria además será conocido a Wacal Vernavel Méndez Pineda, quien guarda prisión preventiva, a Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Alexis Medina Sánchez, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez y Rafael Antonio Germosén Andújar, contra estos tres últimos pesan tres meses de arresto domiciliario. Igualmente, el proceso se sigue en contra del encartado Domingo Antonio Santiago Muñoz, quien quedó en libertad en diciembre con la obligación de presentarse de manera periódica ante el procurador fiscal a cargo del caso Pulpo. A Juan Alexis Medina Sánchez se le atribuye ser el principal acusado de dirigir el entramado de corrupción que se valía de su vínculo familiar directo con el poder político, en calidad de hermano del entonces presidente Danilo Medina, para enriquecerse a costa de los recursos de los contribuyentes. La investigación del Ministerio Público desarticuló la red de corrupción sustentada en un entramado de compañías de carpetas controladas por Juan Alexis Medina Sánchez, quien aprovechó su condición de hermano del entonces presidente Danilo Medina (2012-2020) para establecer negocios con el Estado.