Raúl Melara, el exfiscal general de El Salvador, y Marina Marenco de Torrento, exmagistrada de la Sala de lo Constitucional, dieron a conocer este domingo sendas cartas de renuncia a sus cargos en las que señalaron que la votación realizada por la Asamblea Legislativa para su destitución es "inconstitucional". Melara dio a conocer la carta mediante su redes sociales, mientras que la de Marenco fue divulgada por diversos medios de comunicación social. Marenco se suma así al exmagistrado Aldo Cáder, que este domingo también presentó su renuncia por "razones personales y familiares diversas". El sábado tomó posesión la nueva Asamblea Legislativa, de amplía mayoría oficialista, y su primera decisión fue destituir a los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a Melara. Los diputados oficialistas, que suman 64 votos de los 84 diputados, acusaron a los magistrados de "fraude a la Constitución" y de ejercer funciones propias del Ejecutivo en sus fallos sobre el manejo de la pandemia, mientras que a Melara lo señalaron de poseer vínculos con un partido opositor. Tras conocerse la destitución, la Sala de lo Constitucional emitió un fallo declarando inconstitucional la votación en su contra, acción que diversos abogados consideran que anula la votación. "Rechazo todos los señalamientos hechos a mi persona, ya que he tenido una larga trayectoria jurídica en la que he evidenciado mi honestidad y capacidad", sostuvo Melara en la misiva. Añadió que la votación para su destitución fue "totalmente inconstitucional al carecer de fundamento jurídico y de un debido proceso". Denunció que el proceso fue "exprés y con dispensa de trámite, lesionando además mi derecho de defensa". "Considerando como motivo primordial el bienestar de mi familia, y dado que sale de mi control contar con garantías necesarias para ejercer dicho cargo, he decidido presentar mi renuncia irrevocable", concluyó el letrado. Por su parte, Marenco presentó un texto idéntico al difundido por Cáder. La decisión de la Asamblea Legislativa, apoyada por el presidente Nayib Bukele, ha generado preocupación en el Gobierno de Estados Unidos y diversos organismo, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional (AI). "Nos preocupa profundamente la democracia de El Salvador, a la luz de la votación de la Asamblea Legislativa para destituir a los jueces del tribunal constitucional", publicó en Twitter la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Añadió que "un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana, y para una economía fuerte".